Asesinado en una cuneta por sicarios profesionales con motivos económicos. Es la hipótesis de la que parte la Guardia Civil en la investigación del crimen de Arturo Torró (L’Alcudia, 1963), ex alcalde de Gandía entre los años 2011 y 2015, miembro destacado del Partido Popular en esos años y empresario muy conocido en la comarca valenciana de La Safor. Todo esto antes de empezar a caer en desgracia en 2015. Con la pérdida de la alcaldía, que pasó a la hoy ministra de Ciencia, Diana Morant, afloraron causas judiciales que han derivado en condenas de prisión, embargos y a tener a su nombre sólo una cuenta que en julio de 2024 tenía 312 euros.

El cuerpo de Torró fue hallado por su mujer la noche del miércoles en una cuneta de la carretera A-38 que une Xeresa y Gandía. Ella había dado aviso porque no le localizaba después de saber que había sufrido un pinchazo. Al kilómetro 37 de la carretera acudió siguiendo la geolocalización y encontró su vehículo, un Mercedes que estaba a su nombre, con el motor encendido y, junto a él, entre la maleza de la cuneta el cadáver de su pareja con signos de violencia. Tenía una herida en el pecho, compatible con un tiro o una puñalada con un objeto punzante, y marcas de estrangulamiento compatibles con haber sido inmovilizado con una cuerda.

La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores de la Guardia Civil es que se trata un crimen planificado por motivos económicos ejecutado por profesionales que podían estar siguiendo al ex alcalde tras manipular la rueda de su coche. Se está recabando información de las cámaras de control de tráfico así como de un polígono cercano para reconstruir los movimientos de Torró y corroborar que fue seguido por sus asesinos.

La pregunta que más se hace en Gandía en qué andaba metido el ex alcalde, un hombre siempre ligado a los negocios que, en el momento actual, no pasaba por su mejor momento económico. Algunos lo definen como arruinado y en el foco de embargos. Torró, óptico optometrista de profesión, convirtió la óptica en la que comenzó a trabajar de joven en una cooperativa de compras que importaba gafas y lentes de China a precios muy competitivos, germen de la cadena de franquicias +Visión que él creó en 2004. Convertida ya en sociedad anónima, Torró dio el salto a Argentina y llegó a tener 320 tiendas en 20 países. En 2008 vendió el 100% al grupo francés GrandVisión, lo que le reportó alrededor de 35 millones de euros y algún pleito con los franquiciados.

Arturo Torró junto a Francisco Camps en un mitin en 2011.EL MUNDO

No fue la óptica su único negocio. En más de 50 sociedades de todo tipo llegó a tener alguna vinculación. Fue presidente de la Cooperativa Gandía Comercial Centro Histórico, intermedió en la compraventa de embarcaciones y fue socio de una empresa de importación de ataúdes de China. Sus contactos empresariales le llevaron a ser el representante de un fondo de inversión americano, Global Emerging Markets (GEM), que dio los primeros pasos para intentar comprar el Valencia CF en 2014.

Tras la venta de la cadena de ópticas, Torró invirtió parte de los beneficios en la compra de preferentes de Bancaja y suscribió con la entidad créditos por valor de 37 millones que avaló con esas preferentes en una operación que fue investigada y derivó en una batalla legal de la que salió airoso al declararse en 2013 en suspensión de pagos. También contrajo deudas con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el banco público de la Generalitat, por más de tres millones que esquivó de la misma manera.

Entonces ya era alcalde y se presentaba a la reelección. De trato ufano muy vinculado al carácter festero de aquel PP valenciano que simbolizaba Alfonso Rus, llegó a encargar a un grupo de música una banda sonora para su campaña de 2015 con un estilo «flamenco-rumba». Aquel tema, llamado Gandía, lo bailó durante un mitin el entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. No imaginaba que sus horas de alcalde estaban contadas.

La hoy ministra Diana Morant le arrebató la vara de mando sumando los votos de toda la oposición, incluido el concejal de Cs con el que Torró echaba cuentas para seguir al frente del consistorio. Hizo todo lo posible para que así fuera, hasta amenazar al PSOE y Compromís, en plenas negociaciones para formar el primer gobierno de Puig, con sacar a la luz documentos sobre una presunta financiación ilegal en las campañas electorales de 2007 y 2008, que llegó a los juzgados años después para ser archivada por prescripción.

Torró no perdonó a Morant e impulsó una querella en la que acusaba a la ministra de haber incitado a la ocupación ilegal de un bloque de viviendas públicas al participar en las protestas para impedir un desahucio. Esta causa fue archivada de manera definitiva el pasado mes de diciembre. En ese momento, el empresario, estaba apartado del PP desde 2016, ya tenía una condena. En abril de 2023, la Audiencia de Valencia le impuso una pena de tres años y medio de cárcel por un delito de malversación por la adjudicación de la televisión municipal, lo que se llamó el Caso Tele 7. Además, tenía la obligación de devolver a las arcas municipales de Gandía 438.705 euros. Si bien la sentencia está recurrida en el Supremo, lo que permitía que estuviera en libertad, el Tribunal de Cuentas ordenó que devolviera la cantidad malversada y en junio de 2024 comenzaron a rastrear propiedades, bienes, vehículos sin encontrar nada.

Pese a su buen nivel de vida y el de sus dos hijos , seguía siendo de insolvente. Tan solo se halló una cuenta corriente con 312 euros que le fueron embargados. Sin embargo, para iniciar la causa contra Morant tuvo que depositar 10.312 euros para ejercer la acusación popular, que es la única cantidad que ha podido recuperar el consistorio. Contrasta este hecho con que abriera junto a su pareja dos nuevas ópticas, Angels Visión, en el centro del Gandía y que patrocinara al equipo de baloncesto UPB Gandía.

Torró se había reunido con operarios que ultimaban las obras de uno de sus locales la misma mañana de su muerte. La investigación reconstruye ahora todo su día.